En línea con los cuestionamientos al sistema de financiamiento de impresión de boletas que dejó asentados la Cámara Nacional Electoral (CNE) en un fallo reciente, la Dirección Nacional Electoral (DINE) decidió congelar transferencias por $3.000 millones a los partidos que presentaron listas en las elecciones primarias, pero que no rindieron informes de campaña.
“Se pone en vuestro conocimiento que esta Dirección Nacional no realizará las transferencias pendientes de erogación que se detallan en el archivo embebido hasta tanto se encuentre aprobada la rendición pertinente y ello sea debidamente comunicado”, dice la nota que envió este miércoles el director del organismo, Marcos Schiavi, a diez juzgados federales con competencia electoral en diferentes provincias.
El conflicto tiene como origen la proliferación de “sellos partidarios de goma” que presentan listas para competir en las elecciones con el único objetivo de recibir pagos por parte del Estado que deberían destinarse a la impresión de boletas. La DINE es el organismo encargado de la transferencia de los fondos, que ascienden a $123 millones por lista.
El mecanismo – devenido en un negociado denunciado– ya generó observaciones por parte de la Justicia electoral en diversas instancias. Al respecto se pronunciaron el juez federal con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires, Alejo Ramos Padilla, la jueza federal María Romilda Servini y la Cámara Nacional Electoral, en el reciente fallo Partido Unión Popular Federal distrito Córdoba.
“No pueden descartarse situaciones de abuso del derecho o, lisa y llanamente, casos de malversación de fondos públicos”, dijeron los jueces de la CNE, que en el mismo fallo instaron al Congreso a que revise el mecanismo de asignación de fondos públicos para la impresión de las boletas de precandidatos que participan en las PASO.
Según informó la DINE en las notas que envió a los juzgados, el 11 de julio, el organismo publicó en el Boletín Oficial la asignación de aportes para la impresión de boletas a los partidos que presentaron precandidatos y precandidatas en las PASO. Ante esa disposición, diferentes agrupaciones presentaron reclamos a fin de conseguir que la asignación de recursos se hiciera a razón de una boleta por elector por cada lista de precandidatos oficializada.
La presentación de los partidos tuvo como fundamento la interpretación que hizo la Corte Suprema de la Nación sobre la ley de PASO en los fallos “Alianza UNEN”, en 2013, y “Apoderados de la alianza Frente Patriota Bandera Vecinal distrito Buenos Aires”, en 2017. En ambos casos, el máximo tribunal sostuvo que la obligación del Estado de otorgar recursos a las agrupaciones políticas para imprimir el equivalente a una boleta por elector, debe aplicarse a “cada lista de precandidatos que oficialicen para participar de las elecciones primarias”.
Esa interpretación abrió la puerta a la multiplicación de listas internas de partidos poco representativos, que obtienen financiamiento del Estado para imprimir boletas a pesar de que cosechan un número irrisorio de votos. Por citar un ejemplo, en las PASO 2023 la agrupación Proyecto Joven sumó 24.304 votos, que representan el 0.10% de los votos válidos emitidos. En 15 provincias no logró obtener siquiera 100 votos.
Frente a los reclamos, la DINE procedió a concretar una parte de las transferencias requeridas, de acuerdo a la información actualizada que envió la Justicia electoral, que en el camino desde el cierre de listas hasta las PASO dio de baja varias listas que no cumplían con la normativa vigente.
“Fruto del pormenorizado trabajo de los Juzgados Electorales y oportuna comunicación a esta Dirección Nacional, se logró evitar la materialización de aportes allí previstos hacia agrupaciones inicialmente informadas y que ulteriormente desistieron su presentación o la misma concluyó por ser rechazada”, dice la nota enviada por Schiavi, un funcionario que responde al ministro Eduardo Wado de Pedro.
La única excepción citada fue el caso del Partido Vocación Social de la Provincia de Buenos Aires, que informó al juzgado electoral su desistimiento una vez que ya habían sido acreditados los aportes de campaña y los fondos para la impresión de boletas. “Al día de hoy, pese a las reiteradas intimaciones formuladas por esta Dirección Nacional, la agrupación continúa sin formalizar el respectivo reintegro. De persistir esta falta, cuando se cumpla el plazo previsto en el artículo 39 de la ley 26.215 se iniciarán las acciones de recupero y se formularan las denuncias que resulten pertinentes”, apunta el escrito.
En la provincia de Buenos Aires, el juez Ramos Padilla obligó a los partidos a presentarse y mostrar las boletas impresa para evitar el fraude al erario público y desarticular posibles maniobras de “pymes electorales” en territorio bonaerense. En tanto, Servini observó “una actitud generalizada de las agrupaciones políticas en un intento de evitar imprimir la cantidad de boletas necesarias para acreditar la debida utilización de los fondos públicos asignados a tal fin”. Según expresó la DINE “han sido patentes los esfuerzos del Juzgado para robustecer los controles”.
En sintonía con los dispuesto por la Justicia, la DINE informó que “no realizará las trasferencias pendientes de erogación” para las agrupaciones que no presentaron todavía la rendición correspondiente a la impresión de boletas y gastos de campaña.
