El sindicato que agrupa a los trabajadores de la construcción está en estado de “alerta y asamblea permanente” por la pérdida de puestos laborales. En Corrientes la paralización de la represa de Añá Cuá y de obras en el sector educativo dejaron en la calle mas de 500 obreros.
La Unión de Obreros de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) se declaró en “estado de alerta y asamblea permanente en todas las obras del país” ante la pérdida de puestos de trabajo en el sector “producto de la paralización de las obras públicas dispuesta por el gobierno nacional”. Solo en Corrientes hay más de 500 despidos teniendo encuestas las obras públicas y privadas, de los cuales 400 pertenecen a obreros de la represa hidroeléctrica de Aña cuá en Ituzaingó y además se paralizaron 59 obras que se estaban realizando en el ámbito educativo.
Días atrás el secretario general de la UOCRA seccional Ituzaingó Dario Romero dijo que la paralización de la obra impacta de lleno en Ituzaingó ya que “el 98% de la gente que trabaja es de esa localidad, por ende la situación que se genera es grave ya que hay una interrupción del flujo económico hacia dentro de la ciudad”.
Romero detallo el impacto social que tiene la paralización de esta obra que “en la ciudad se sintió la paralización de la obra. Es una situación muy difícil porque aparte que tenés 400 personas trabajando en forma directa, tenés una gran cantidad de comercios que dependen de eso y que de una y otra manera se vieron afectados por el mal desenvolvimiento de esta gran obra”.
El comunicado nacional de la UOCRA además señaló que otra de las motivaciones para llevar adelante esta medida fue por “la desaceleración de la inversión que pone en riesgo la continuidad de las obras privadas en ejecución y su consecuente impacto en la continuidad laboral de los trabajadores y trabajadoras en actividad y la ausencia de gestión e interlocutores válidos por parte del poder ejecutivo nacional, que se desentiende de la problemática que afecta a nuestra industria”.
Sobre los puestos de trabajo, detallaron que, en los últimos dos meses, se perdieron 50 mil empleos directos y más de 100 mil indirectos “como consecuencia de la desfinanciación y consecuente paralización de las obras públicas en ejecución por parte del actual gobierno, situación que pone en grave riesgo la continuidad laboral de gran parte de la actividad de la construcción”.
En ese sentido explicaron que “la obra privada no ha alcanzado aún niveles de actividad que compensen la drástica caída y nada indica que los privados sustituyan finalmente el rol y el financiamiento estatal en materia de infraestructura pública”. (NC&A)
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